Gobierno, Política y Regulación
Desde hace décadas el sistema de medios en México enfrenta dos problemas estructurales clave, altos niveles de concentración del mercado y prácticas clientelares como parte de un sistema de mutuo beneficio entre el poder político y el poder económico-mediático, de acuerdo con un nuevo informe centrado en las relaciones entre los encargados de la formulación de políticas, reguladores y medios en México publicado hoy por el Center for Media, Data & Society (CMDS).
“Lo anterior ha obstaculizado el desarrollo de la cobertura universal en telecomunicaciones y radiodifusión así como el acceso a una información plural, vulnerando los derechos ciudadanos, de las audiencias y usuarios”, recoge el informe, que fue elaborado por Argelia Muñoz Larroa, Rodrigo Gómez García y Juan Larrosa-Fuentes.
Aunado a esto, el manejo de la seguridad en términos de narcotráfico y crimen organizado así como su relación con el Estado desde la implementación de la “guerra contra el narcotráfico” del 2006, desencadenó un contexto de violencia extrema generalizada, afectando también al ejercicio periodístico en el país que hasta hoy en día sigue violentando los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.
Una serie de reformas en los últimos 20 años y, en particular, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones del 2013, eje central del reporte, han sido resultado de la presión de la sociedad civil, la academia y de actores políticos. Estas reformas han significado avances regulatorios en materia de: a) competencia económica, b) convergencia e inversión, c) cobertura y acceso, d) pluralidad y diversidad cultural con el reconocimiento de los medios públicos, indígenas y comunitarios, e) derechos de las audiencias y derecho al acceso a la información en medios digitales. Sin embargo, como relata el reporte, existen aún desafíos, inercias y pendientes que no han terminado de materializar los objetivos de la reforma constitucional del 2013, en el sentido de democratizar la comunicación y garantizar los derechos a la libertad de expresión e información.
Entre otras cosas, sigue pendiente la regulación que garantice a las audiencias la totalidad de sus derechos así como la regulación de la publicidad oficial según los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si bien, una de las fortalezas de la reforma del 2013 fue la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, encargado de regular la competencia económica del sector con autonomía del Gobierno, la influencia no regulada de los intereses económicos, políticos y mediáticos de facto, persiste. Además, sigue pendiente el nombramiento de sus comisionadas para que el Instituto pueda cumplir con sus atribuciones.
Después de tres años de la actual administración de izquierda de López Obrador (2018-2024) destacan cambios como: la reducción del gasto en publicidad oficial – aunque este sigue siendo discrecional y concentrado en pocas empresas – y parte de ese presupuesto ha sido destinado a un plan de seguridad social para periodistas; se ha cambiado la estrategia de seguridad a una estrategia de paz, sin embargo, esta no ha repercutido aún en los altos índices de ataques a periodistas y; el Estado ha tomado control del despliegue de las redes mayoristas que garanticen el derecho constitucional de acceso universal a la banda ancha, no obstante, es temprano para evaluar sus efectos en cuanto al cumplimiento de las metas para cerrar la brecha digital.
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